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Un total de 300 casos de sicariato contra líderes campesinos en Venezuela serán reabiertos para su investigación por los órganos del Estado venezolano, como parte de las acciones ideadas para proteger a los trabajadores del campo.
La medida fue acordada en una mesa de alto nivel en la que participaron representantes de la Defensoría del Pueblo, Fiscalía General de la República, Defensa Pública, Ministerio de Ecosocialismo y Agua, Instituto Nacional de Tierras y la Fundación Víctimas de Sicariato Político y Campesino.
Reunidos en la sede de la Defensoría ubicada en la avenida Urdaneta, en Caracas, representantes de estas instituciones acordaron realizar también labores preventivas para evitar nuevos asesinatos de dirigentes campesinos y otros crímenes de odio por razones políticas.
Al respecto, Maite García, vocera de las víctimas de sicariato político y campesino, indicó que consideran favorable la reapertura de estos casos y recalcó que la organización seguirá recibiendo denuncias para consignarlas a los organismos competentes.
“Justamente nosotros, que hemos sido víctimas, porque nuestro familiares fueron asesinados por pensar diferentes”, situación llevó a la creación de la fundación que documenta esos casos, “estamos muy esperanzado en esta mesa de trabajo, donde se recoge todos los casos sobre la violencia en nuestros campos”, señaló García.
Destacó que su organización presentó a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) propuestas para sancionar los delitos cometidos por diferencias de orden político para contribuir al debate sobre la Ley Contra el Odio, la Intolerancia y Convivencia Pacífica.
